Andalucía no se va a rendir para defender el derecho a la vivienda de la mayoría social

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha destacado este miércoles que el Gobierno central cuenta con margen para dirimir en la comisión bilateral las diferencias sobre vivienda, después de que el lunes se retomara este espacio, tras la suspensión cautelar del Decreto antidesahucios por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo nacional y ante la aprobación este martes en el Parlamento andaluz de la Ley de función social de la vivienda.
   En una entrevista en Canal Sur TV, recogida por Europa Press, la consejera ha advertido de que "Andalucía no se va a rendir" para defender el derecho a la vivienda de la mayoría social y ha destacado que en la Comunidad andaluza hay unas 700.000 vacías, mientras hay andaluces que demandan viviendas, algo, a su juicio "insostenible".
   Cortés ha recordado que la Junta aprobó el conocido como decreto antidesahucios y el presidente del Gobierno, dentro del plazo de tres meses contemplado, invocó el artículo 161.2 de la Constitución en su recurso de inconstitucionalidad, que provocó su suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional (TC) sin entrar en el fondo.
   La consejera ha señalado que la Administración andaluza reclamó la celebración de la comisión bilateral para solventar las diferencias, pero si bien "dos días después" el Gobierno presentó el recurso. No obstante, "tres días antes de aprobar la Ley de Función Social de la Vivienda se retoma este espacio".
   "El Gobierno central tiene margen para no recurrir la Ley ante el Tribunal Constitucional", ha subrayado la consejera de Fomento y Vivienda, quien, sin embargo, ha señalado que otra cosa es que "el Gobierno quiera imponer un camino para Andalucía".
   Además, ha apuntado que si no se utiliza la vía de la comisión bilateral para dirimir los asuntos problemáticos en este ámbito, el Gobierno "lamentablemente" podría volver a recurrir la Ley, lo que lo situaría "al lado de la elite financiera y los fondos buitres". En este punto ha recordado la Ley catalana en este mismo ámbito de 2007, que se debatió en comisión bilateral, y no fue recurrida ante el TC.
   Respecto a las novedades de la Ley de Función Social de la Vivienda, Cortés ha destacado, entre otras, que la expropiación temporal del uso de la vivienda podrá ser solicitada por más personas, al incorporarse a esta posibilidad los avalistas, los autónomos y las familias con hipotecas puente.
   Preguntada sobre que no se haya aceptado en el trámite parlamentario ninguna de las 82 enmiendas del PP sobre esta Ley, Cortés ha señalado que "estaban hechas para que la Ley pierda su validez" y ha considerado que parecían "más dictadas por las asociaciones de la banca que por la realidad social". Asimismo, ha señalado que esta ley es "hija de las movilizaciones" de la sociedad civil organizada.