Queremos que Diputación se comprometa a mantener los programas educativos del plan asistencial y Cooperación

La Reforma de la Administración Local está significando la eliminación de las actividades complementarias que en materia educativa venían desarrollando ayuntamientos y diputaciones. La Reforma implica limitaciones en el ámbito competencial pero también está significando en gran medida como coartada para eliminar servicios que pudieran ser mantenidos si hubiere voluntad política, según ha explicado hoy la portavoz del grupo provincial de IU en Diputación, Toni Morillas. “En el caso de la Diputación de Málaga, el equipo de gobierno, amparándose en la Reforma de la Administración local, ha eliminado todos los programas educativos que se ofrecían a los ayuntamientos en el marco del Plan de Cooperación y Asistencia a los Municipios, tales como aulas abiertas y actividades educativas extraescolares”.

La Red de Ciudades Educadoras, de la que forman parte ayuntamientos como el de Málaga, viene defendiendo el papel central que los ayuntamientos y la política municipal ha de desempeñar en el ámbito educativo, entendiendo este en un sentido amplio y partiendo de la premisa de que el conjunto de actores sociales e institucionales han de corresponsabilizarse de la educación, en sus diferentes ámbitos y estructuras.

El grupo provincial de Izquierda Unida ha presentado una moción para su debate en la comisión de Ciudadanía en la que propone a diputación que exija la derogación de la Reforma de la Administración Local por dificultar el desarrollo de los principales contenidos de la Red. Igualmente, se plantea que Diputación se compromete a mantener los programas educativos contenidos en el Plan de Asistencia y Cooperación a los municipios para la anualidad 2014.

Izquierda Unida también quiere que el ente supramunicipal se pronuncie contra la LOMCE y que exija al Gobierno que restituya la financiación recortada a la Comunidad Autónoma en materia educativa. “Los recortes y la contrarreforma educativa no tienen realmente que ver con la crisis- actual, sino con un modelo ideológico que el Gobierno del PP quiere implantar, apostando por la escuela privada y concertada buscando el desmantelamiento de la educación pública y la práctica desaparición de la igualdad de oportunidades en el acceso al derecho a la educación”.

Con la LOMCE, el PP quiere volver a la antigua ley de educación de la época de Aznar, profundizando aún más en este proceso de privatización, segregación y desmantelamiento de la educación pública. Los ejes básicos de su contrarreforma giran en torno a seis principios:

  • Orientar en gran medida la educación obligatoria a preparar mano de obra barata, flexible y polivalente dotada con los conocimientos instrumentales básicos para acceder a un futuro mercado laboral precario y en constante rotación. 
  • Segregar, seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado mediante “itinerarios”. Se adelantan programas de cualificación profesional a partir de 2º de la ESO, con menos de 15 años, empujando a estos programas al alumnado que tenga “situación socioeconómica desfavorable”, equiparando pobreza y poca capacidad para el estudio. Se adelanta también la vía hacia la FP a 3º de la ESO, a través de asignaturas optativas, para que en 4º los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estén "bien diferenciados".
  • Convertir la educación en una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa (Primaria, ESO y Bachillerato), apostando por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Es lo que el PP entiende por “cultura del esfuerzo” y “modelo meritocrático”.
  • Someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para que los “clientes” puedan comparar el rendimiento de los centros (mediante una clasificación en rankings pública) y puedan elegir aquellos que más ventajas competitivas les aporten a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. Las escuelas así procurarán hacerse más selectivas, huyendo del alumnado que presente mayores dificultades y que pueda hacer descender sus resultados y su posición en el mercado educativo.
  • Gestionar los centros públicos según el modelo de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas ante la insuficiencia de la financiación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y especializada a la clientela; así como la “profesionalización” de la dirección, como gerentes especializados en gestión empresarial y de recursos humanos.
  • Se complementa con la filosofía del “pago por resultados’. Se trata de aplicar refuerzos e incentivos a los centros públicos, no ya en función de las necesidades del centro y de su alumnado, sino de acuerdo con los resultados que obtienen a través de la rendición de cuentas.

“Este proceso también se da en las universidades públicas, donde en los dos últimos años el precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más barata costará 1620€, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta cinco veces más. Por otro lado los y las estudiantes de FP se han visto afectados por el aumento de las tasas, una FP de grado superior cuesta 480€, y una de grado medio entre 120€ y 220€ de media”.

Los recortes aplicados suponen además la eliminación progresiva de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa, la práctica desaparición de la formación permanente del profesorado, la precarización de la función docente (mas horario lectivo, menos retribuciones, sustitución de bajas a partir del décimo día, mayor número de alumnado a cargo de cada docente), la masificación de las aulas (brutal aumento del 20% de la ratio alumnado-aula), junto a una reducción drástica de becas y de la oferta educativa en ESO, Bachillerato, FP y Escuelas de Idiomas, mediante un recorte del 66% en transferencias a las CCAA.

 

Morillas ha anunciado el apoyo de su coalición a las movilizaciones que hoy y mañana se han convocado en Málaga