Instamos a De la Torre a mediar con los bancos para que pongan a disposición del registro municipal sus VPO

Izquierda Unida ha presentado una moción en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales para que el Ayuntamiento de Málaga inste a la Consejería de Fomento y Vivienda a agilizar en la medida de lo posible los trámites necesarios para que las VPO sin uso en manos de entidades financieras pasen al registro municipal de demandantes de inmuebles protegidos.

En la iniciativa, IU ha propuesto al equipo de gobierno del PP, liderado por Francisco de la Torre, que, dentro de sus posibilidades, medie con las entidades financieras a fin de conocer cuántos pisos protegidos sin uso todavía no han sido cedidos al registro municipal, algo a lo que están obligadas por el artículo 20 de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de la Función Social de la Vivienda.

De las 185 viviendas protegidas que la Junta detectó en Andalucía que no habían sido ofrecidas a los registros municipales, los cuales establecen los mecanismos de selección para la correspondiente adjudicación y fijan los requisitos socioeconómicos para el acceso bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia, un total de 17 se localizaban en la provincia de Málaga.

La portavoz adjunta de IU en el Ayuntamiento de la capital, Antonia Morillas, ha recordado los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reflejaban que Málaga cerró 2013 con la mayor cifra de ejecuciones hipotecarias desde que comenzó la crisis, llegando a las 4.148, lo que significa multiplicarlas por cuatro desde 2008.

"La ejecución hipotecaria por impago provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y, además, todavía supone una condena financiera de por vida", ha advertido.

Ante esta situación, ha señalado que "las administraciones públicas han adoptados medidas que deberían servir para intentar garantizar el artículo 47 de la Constitución", haciendo especial referencia a la Consejería de Fomento y Vivienda y la Ley andaluza de la Función Social de la Vivienda.

Una ley que, ha subrayado Morillas, "consagra la vivienda como derecho protegido, combatiendo su concepto como mera mercancía y suponiendo un giro radical en la forma de concebir la vivienda".

Frente a medidas de este tipo, la concejala de la coalición de izquierdas ha mencionado la iniciativa del Ayuntamiento de Málaga de destinar 500.000 euros a la adquisición de viviendas en distintas zonas de la ciudad para destinarlas a familias en riesgo de exclusión social.

"A pesar del distinto enfoque y calado de las medidas tomadas por las distintas administraciones, es obvio que debe producirse la mayor cooperación entre las mismas e intentar crear sinergias que multipliquen exponencialmente el alcance de lo que cada una de ellas puede hacer", ha declarado Morillas.