Reclamamos a la Junta que cambie las normas para que las empresas de economía social malagueñas se beneficien de las licitaciones

Dos tercios de las empresas de economía social que se dedicaban a tareas forestales en la provincia de Málaga han desaparecido en los últimos diez años, según responsables de la COAG, que esta mañana han participado en la rueda de prensa junto a los diputados provinciales de Izquierda Unida.

La organización política ha presentado una moción proponiendo a la Diputación que interceda ante la Junta de Andalucía para que se realicen cambios en la licitación de obras forestales, de manera que puedan concurrir a las mismas empresas de economía social de la provincia.

Según la portavoz provincial de IU, Toni Morillas, la Consejería de Medio Ambiente licita estas obras con unas condiciones que las empresas de economía social no pueden conseguir. En la mayoría de los casos se hacen convocatorias centralizadas y proyectos que hasta hace un año eran grandes y de un gran valor (tres o cuatro millones de euros), de manera que tampoco podían acceder a las mismas.

En la actualidad, según explicaron los representantes de la COAG, Juan García, secretario provincial y Jesús Bernal, portavoz de asuntos forestales, dos son los gestores que se encargan de realizar los trabajos forestales, la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua y el lobby constituido por la Asociación de Empresas Forestales.

Según señaló Bernal, no se trata de arrebatarle el trabajo a nadie, sino de repartirlo de manera que las empresas de trabajo social que aún quedan en Málaga y que “están agonizando” puedan seguir trabajando.

Morillas recuerda que estas empresas crean economía en las zonas rurales de Málaga, ya que las inversiones que realizan las hacen en sus municipios y los trabajadores contratados en la zona. “El dinero invertido en el monte, se queda en los pueblos”.

La moción que defenderá IU en el pleno de Diputación (y que COAG presentó a todos los grupos, pero sólo ha contestado éste) reclama de la Junta que los proyecto puedan ser menores de 200.000 euros y que los liciten las delegaciones territoriales y prioricen a las empresas provinciales, premiando el número de jornales creados y la calidad en los trabajos.

También se propone que cuando los proyecto estén vinculaos a la creación de empleo, como el plan de choque por el empleo, uno de los requisitos sea un número determinado de jornales por cada cantidad de dinero contratado.

Las más de veinte empresas de este tipo que había años atrás, contaban con una media de doce trabajadores, viviendo y trabajando en el medio rural.