La nueva adjudicataria del 112 quiere cambiar las condiciones laborales y despedir trabajadores pocos días después de hacerse con el contrato

La diputada andaluza de Izquierda Unida por Málaga, Dolores Quintana, ha reclamado a la Junta que actúe inmediatamente en el conflicto con la nueva empresa adjudicataria del servicio de emergencias 112 por tratarse de una contratación pública y un ser servicio vital.

Quintana se ha reunido esta mañana con la presidenta del comité de empresa, Marina Parejo, que le ha informado de la actual situación del servicio que afecta a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla y el Regional de Málaga. La diputada le ha mostrado el apoyo total de IU y le ha anunciado que presentará en el Parlamento una iniciativa, si bien como medida inmediata ha exigido la intervención de la Junta de Andalucía.

El servicio de emergencias 112 depende de la Consejería de Justicia e Interior, que lo ha vuelto a sacar a concurso siendo adjudicado a la empresa Mk Plan. Cinco días después, la firma propone a los representantes sindicales reestructuraciones laborales que incluye no contratar al personal de la bolsa, rebajas salariales, aumento de la hora de trabajo de la plantilla y otras medidas “indignantes”. Se da la circunstancia de que la subrogación del contrato incluye mantener a los trabajadores y las mismas condiciones laborales por lo que se está incumpliendo el pliego de adjudicación, señala Quintana, que ha destacado que la mayoría de los afectados son mujeres y muchas de ellas monoparentales.

La parlamentaria de Izquierda Unida ha explicado en rueda de prensa que el despido de más de 30 personas que forman la bolsa y que vienen trabajando eventualmente en el 122 supone una merma de calidad del servicio, el cual es imprescindible para la sociedad “porque salva vidas” . Además, “no se puede empobrecer a los trabajadores con contratos públicos”.

Izquierda Unida emprenderá diversas medidas, entre ellas la de pedir el contrato de adjudicación del servicio, convertirse en un instrumento de mediación y presión para que no haya avances en las medidas que quiere imponer la empresa, así como exigir una inmediata intervención de la Junta.

 

La reforma laboral que impuso el gobierno del PP permite estos abusos a los trabajadores y la Junta no puede ser un mero  en el Parlamento para que se blinden los contratos de la Administración regional incluyendo cláusulas sociales en los pliegos de condiciones. “Si las cláusulas sociales no se introducen en los contratos, al final, lo único que pesa es el criterio economicista y luego la adjudicataria carga la rebaja sobre los trabajadores y el servicio, como en este caso, que es un servicio que salva vidas”.