Proponemos en Diputación la creación de un fondo social del agua que garantice criterios sociales

Izquierda Unida ha propuesto al gobierno de Diputación la creación de un fondo social del agua, que atienda a criterios sociales para el reparto de las cantidades y que la comisión que lo regule cuente con la participación de los ayuntamientos y todos los partidos de la Corporación.

En el Pleno para el Debate del Estado de la Provincia celebrado el pasado 19 de septiembre, el presidente del ente, Elías Bendodo, anunció una subvención del 5% del recibo del agua a los habitantes de los municipios menores de 25.000 habitantes de la provincia. Las informaciones que se han ido difundiendo señalan que las ayudas del próximo año supondrán un montante total de 800.000 euros, destinados a 160.000 personas de 66 localidades.

Desde Izquierda Unida se defiende que las subvenciones con fondos públicos deben regirse por criterios sociales y de necesidad, de manera que se avance en la justicia social, frente a medidas lineales que logran un menor beneficio social y, principalmente en años de elecciones, tienen más de electoralistas y oportunistas que de sociales y efectivas.

“Los fondos públicos tienen que desembolsarse con una finalidad social, para garantía de derechos y necesidades, no como un ‘aguinaldo’ electoralista para intentar congraciarse con la ciudadanía”, ha señalado el diputado Miguel Díaz, quien recuerda que esto debe ser más aún en un contexto de dificultad económica y en creciente aumento del desempleo, en el que muchos ciudadanos tienen dificultades para poder acceder a servicios básicos esenciales, como es el caso del agua, y sufren cortes de suministros, acumulan deudas y embargos por imposibilidad de impago, se ven obligados a costear elevados reenganches tras los cortes sufridos...

También hay otras situaciones, explicó el diputado provincial de IU, como la de aquellos que quieren impulsar su proyecto de autoempleo, que se esfuerzan por iniciar una nueva actividad económica para enfrentarse a la falta de alternativas de empleo y tienen que afrontar tasas de alta para el suministro de agua que superan los 800 euros y que dificultan el emprendimiento. Otros supuestos de colectivos que tienen dificultades para acceder al suministro de agua pueden son las familias numerosas con bajos ingresos, los mayores o las personas con discapacidad.

Igualmente, la portavoz del grupo provincial de IU, Toni Morillas, ha calificado de irrisoria la cantidad ofrecida por el equipo de gobierno teniendo en cuenta la situación de pobreza energética que se padece en la provincia y en los pueblos más pequeños. “Se anuncian subvenciones sin criterio alguno, sin definir líneas y hemos preguntado, pero no hemos obtenido respuesta a un asunto que levanta el interés de numerosas familias que están pasando graves apuros”.

 

El agua está declarada por la ONU como un Derecho Humano, por lo que tiene el carácter de fundamental y las instituciones tienen la obligación de garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de 60 litros por persona y día. Sin embargo, lejos de constituir una realidad, lo cierto es que prima una gestión del agua con criterios economicistas, lejos de la función y las garantías sociales.