Criadores de caracoles demandan cauces y normativas para producir y cubrir la gran demanda interna de este molusco

En España se consumen al año 20.000 toneladas de caracoles y sólo se produce en el país un cinco por ciento de los mismos, un dato ilustrativo del potencial económico que puede suponer en la agricultura andaluza, en el empleo y la economía in situ la cría de este molusco.

Así se ha puesto en evidencia esta mañana durante la reunión de la diputada por Málaga y portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Agricultura, Lola Quintana, con la directiva de la Asociación de Criadores Helicicultores de Andalucía (ACHA), quienes se constituyeron este mismo año para canalizar las demandas y necesidades de un sector que se encuentra con numerosas dificultades.

Es una actividad en la que se han embarcado emprendedores, jóvenes y desempleados e incluso agricultores que no rentabilizan otro tipo de producciones y que crea trabajo en el lugar donde se realiza y su comercio genera ingresos dentro del territorio.

Sin embargo, el sector de la helicultura (del latín, helix), se enfrenta a un vacío legal que les impide desde poner en marcha el negocio hasta comercializarlo fuera del espacio en que se realiza. Un ejemplo claro de este vacío es que no se puede acceder a las subvenciones de la PAC por no estar contemplada la actividad.

Hay un desconocimiento entre las propias administraciones y no se aplica la normativa existente, en asuntos tan comunes como la venta o importación del caracol silvestre. Según ha comentado, Juan Grande, helicultor malagueño y presidente de la asociación, la venta de chanquetes provoca la actuación inmediata de las autoridades, pero todo el que quiere puede vender y comprar en establecimientos de restauración o en plena vía pública caracoles silvestres, cuya recogida está prohibida. Esto genera problemas económicos y de salud pública, además de medioambientales.

La Asociación, que agrupará a finales de año a unos setenta criadores, de los que 30 son de la provincia de Málaga, trabaja por abrir canales que ayuden a un sector en auge y alternativo. Los criadores se encuentran “desvalidos” legalmente y desde otros aspectos como el zoosanitario y necesitan que la administración establezca normativa y control para que los productores andaluces sean competitivos.

 

Dolores Quintana ha señalado que este sector dinámico y generador de economía en Andalucía necesita de una regulación clara de manera inmediata y se ha comprometido a mediar ante la Consejería de Agricultura para iniciar los contactos cuanto antes que permitan su normalización legal. Igualmente, el grupo parlamentario de Izquierda Unida presentará una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar un marco jurídico, una actuación clara de las autoridades ante la normativa ya existente, promover formación para el sector y a los especialistas que se involucren en la actividad, etc.