Queremos saber dónde está el dinero que los ex trabajadores de Hitemasa prestaron a la Junta de Andalucía

Izquierda Unida estudia acudir a la Fiscalía si no se aclara qué uso ha hecho la Junta del patrimonio que ex trabajadores de Hitemasa le  prestaron en su día  y que ahora no les devuelve para que puedan cobrar las prejubilaciones.

La coalición espera transparencia y claridad en la comparecencia del consejero de Economía el próximo jueves, que se hace a petición de IU, a quien se le reclama explicaciones sobre tres cuestiones: Porqué  la Junta de Andalucía se queda con patrimonio de los ex trabajadores de Hitemasa, un dinero que necesitan para renovar sus pólizas para cobrar su prejubilación hasta llegar a los 65 años; por qué no se sabe dónde está el dinero que los trabajadores adelantaron a la Junta; y en tercer lugar, porque los trabajadores “no pueden pagar los platos rotos de las cosas que se han hecho rematadamente mal en Empleo”, ha explicado esta mañana la parlamentaria andaluza de esta organización, Dolores Quintana en relación a las investigaciones sobre los ERES.

El coordinador local de IU en Málaga, Eduardo Zorrilla y Lola Quintana han denunciado esta mañana a los medios de comunicación estos pormenores y ha calificado de intolerable la situación a la que han llegado los cerca de 200 familias.

Hitemasa fue la empresa que vino a sustituir a Intelhorce, empresa fundada en 1957 y por la que pasaron más de 20.000 personlas . Los antiguos trabajadores de Intelhorce invirtieron sus indemnizaciones para hacer viable Hitemasa, que en unos años pasó del optimismo por recuperar una cuota de mercado viable a años de declive hasta su definitivo cierre. Se llegaron a vender todos los activos de la empresa, y los trabajadores llegaron a un acuerdo en el marco de un ERE e invirtieron sus indemnizaciones, las cantidades que se les adeudaban. La falta de devolución y las continuas reuniones que IU viene manteniendo con los trabajadores llevó al grupo municipal a presentar una moción en pleno, el pasado mes de junio, que fue aprobada por unanimidad. “No es permisible que las personas que permitieron en su día que Málaga fuera una ciudad pujante en cuanto a su industria queden ahora mismo olvidadas, vulnerados sus derechos y los acuerdos alcanzados con ellos por parte de las administraciones”, señaló Zorrilla.

Breve resumen

El primer ERE, en 2001, afectó a 213 trabajadores. Dicho expediente finalizó con un acuerdo con la autoridad laboral y los propios afectados, donde ellos cobraban unas prestaciones a través de una aseguradora con el beneplácito de la Junta. Se firmó un convenio en el que la Junta aportaba poco más de 16 millones de euros para sufragar esta póliza que les permitía cobrar la prejubilación hasta llegar a la edad de jubilación. Este es el colectivo 1.

En el año 2004, a pesar de todos los intentos de continuar la producción, llega un nuevo expediente de regulación de empleo de carácter extintivo, y son 194 trabajadores los que entran en este proceso. De igual manera, se acuerda con la propia Administración de  Empleo un convenio de prejubilaciones en el que los empleados cobrarían estas cantidades a través de una aseguradora hasta la edad de jubilación. Hasta este momento, la Junta se compromete a poner en torno a unos 6 millones de euros  y el resto de la cantidad lo aportan los trabajadores de su propio patrimonio, ascendiendo el convenio a 12.427.175 euros, con un calendario de pago perfectamente recogido en la documentación oficial de la Junta de Andalucía. “Es ahí donde empieza el calvario de estas familias”, explica Quintana.

En aquel momento, el entonces director de Empleo, Javier Guerrero (imputado en el caso de los ERES) cita a estos trabajadores y les explica que los inconvenientes de tesorería de la Junta les impide cubrir sus obligaciones con el colectivo 1, y que por tanto les pide a los trabajadores de Hitemasa que tienen dinero guardado de sus activos para ponerlo en el colectivo 2 y sus prejubilaciones, que de esa cantidad anticipen 4,5 millones de euros en calidad de préstamo a la Junta de Andalucía para cerrar el convenio del colectivo de 2001 y que los trabajadores sigan cobrando sus prejubilaciones.

“Los trabajadores del colectivo 2004 acceden a lo que se entiende que es una administración formal. En aquel momento transfieren a través de una orden bancaria a, 4,550.984 euros a una cuenta del Banco de España, ligada a un expediente de en aquel momento. Este es el dinero que la Junta de Andalucía no les ha devuelto. Dinero que necesitan para seguir viviendo, que es patrimonio de los 194 trabajadores correspondientes al colectivo 2004”.

La parlamentaria de IU califica de múltiples engaños contra el colectivo 2 de trabajadores y explica  que tras numerosas reuniones, la Junta les dice que presenten una reclamación patrimonial, método usado cuando ha habido un anormal funcionamiento de la Administración. La reclamación asciende a poco más de 10 millones de euros, contando los 4,5 millones de euros que los afectados prestaron la Junta y el resto que aún queda pendiente de aportar, y algo más de  millón en concepto de intereses.

Quintana entiende que es muy grave que una Administración “se quede con el dinero, el futuro y las prejubilaciones de los trabajadores. La Junta de Andalucía no nos explica qué ha hecho con esos 4,5 millones de euros, porque parece que una parte sí la aportó al colectivo de 2001, pero lo demás no sabemos dónde está. Tenemos serias dudas, incluso desde el grupo parlamentario solicitamos en su momento documentación y no nos han respondido. Ante este despropósito, entendemos que el consejero tiene que dar explicaciones. Lo firmara quien lo firmara. Francisco Javier Guerreros era entonces director general de Empleo y lo hizo en función del cargo, y la Administración no puede mirar a otro lado cuando se ven afectados intereses de los trabajadores.

 

El actual consejero tiene que culminar con este asunto porque si no, está cerrando una página negra en la economía malagueña y de las cuestiones laborales de nuestra provincia. Esperamos de la voluntad y seriedad de la consejería de Economía de hoy, que tiene que arreglar los errores de la entonces Consejería de Empleo”.