Advertimos que trabajadores de Hitemasa "van a quedar en la indigencia" por ausencia de procedimientos de gobiernos anteriores de la Junta

El grupo parlamentario de IULV-CA ha elevado hoy al Parlamento la problemática que sufren los 194 ex trabajadores de la empresa Hitemasa (Hilados y Tejidos Malagueños Sociedad Anónima) cuyas pólizas de prejubilación finalizarán a partir de febrero, pese a haber aportado, hace ya una década, 4,5 millones de euros de su patrimonio personal a la Junta de Andalucía para asegurar los pagos.

En la comisión de Economía y Empleo del Parlamento andaluz, la diputada de IU por la provincia de Málaga, Lola Quintana ha recordado a Maldonado que "los trabajadores han reclamado el dinero comprometido por la Junta y que les corresponde por Derecho. Ustedes dicen que quieren solucionar esto conforme a Derecho, pero conforme a Derecho se les pidió también los 4,5 millones de euros, y por tanto, conforme a Derecho se les han de devolver, porque 200 familias no pueden ser víctimas de la falta de procedimiento y de que las cosas se hicieran mal en su momento". “Van a quedar en la indegencia” ha advertido Quintana al consejero de Economía, “por la ausencia de procedimientos” que ha llevado la Junta en anteriores legislaturas.

Quintana ha instado al consejero a arrojar “transparencia y claridad” sobre tres cuestiones. Primero sobre las razones de la Junta de Andalucía para quedarse con patrimonio de los ex trabajadores de Hitemasa, un dinero que necesitan para renovar sus pólizas para cobrar su prejubilación hasta llegar a los 65 años. Segundo, por qué no se sabe dónde está el dinero que los trabajadores adelantaron a la Junta. Y en tercer lugar, por qué los trabajadores “no pueden pagar los platos rotos de las cosas que se han hecho rematadamente mal en Empleo”, ha explicado la parlamentaria en relación a las investigaciones sobre los ERES.

Quintana ha asegurado que el Grupo parlamentario de IU está estudiando la posibilidad de que la documentación que sostiene esta problemática pueda llegar al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

 

La situación de los trabajadores de Hitemasa

El primer ERE, en 2001, afectó a 213 trabajadores. Dicho expediente finalizó con un acuerdo con la autoridad laboral y los propios afectados, donde ellos cobraban unas prestaciones a través de una aseguradora con el beneplácito de la Junta. Se firmó un convenio en el que la Junta aportaba poco más de 16 millones de euros para sufragar esta póliza que les permitía cobrar la prejubilación hasta llegar a la edad de jubilación. Este es el colectivo 1.

En el año 2004, a pesar de todos los intentos de continuar la producción, llega un nuevo expediente de regulación de empleo de carácter extintivo, y son 194 trabajadores los que entran en este proceso. De igual manera, se acuerda con la propia Administración de  Empleo un convenio de prejubilaciones en el que los empleados cobrarían estas cantidades a través de una aseguradora hasta la edad de jubilación. Hasta este momento, la Junta se compromete a poner en torno a unos 6 millones de euros  y el resto de la cantidad lo aportan los trabajadores de su propio patrimonio, ascendiendo el convenio a 12.427.175 euros, con un calendario de pago perfectamente recogido en la documentación oficial de la Junta de Andalucía.

En aquel momento, el entonces director de Empleo, Javier Guerrero (imputado en el caso de los ERES) cita a estos trabajadores y les explica que los inconvenientes de tesorería de la Junta les impide cubrir sus obligaciones con el colectivo 1, y que por tanto les pide a los trabajadores de Hitemasa que tienen dinero guardado de sus activos para ponerlo en el colectivo 2 y sus prejubilaciones, que de esa cantidad anticipen 4,5 millones de euros en calidad de préstamo a la Junta de Andalucía para cerrar el convenio del colectivo de 2001 y que los trabajadores sigan cobrando sus prejubilaciones.

“Los trabajadores del colectivo 2004 acceden a lo que se entiende que es una administración formal. En aquel momento transfieren a través de una orden bancaria a, 4,550.984 euros a una cuenta del Banco de España, ligada a un expediente de en aquel momento. Este es el dinero que la Junta de Andalucía no les ha devuelto. Dinero que necesitan para seguir viviendo, que es patrimonio de los 194 trabajadores correspondientes al colectivo 2004”.

La parlamentaria de IU califica de múltiples engaños contra el colectivo 2 de trabajadores y explica  que tras numerosas reuniones, la Junta les dice que presenten una reclamación patrimonial, método usado cuando ha habido un anormal funcionamiento de la Administración. La reclamación asciende a poco más de 10 millones de euros, contando los 4,5 millones de euros que los afectados prestaron la Junta y el resto que aún queda pendiente de aportar, y algo más de  millón en concepto de intereses.

Quintana entiende que es muy grave que una Administración “se quede con el dinero, el futuro y las prejubilaciones de los trabajadores. La Junta de Andalucía no nos explica qué ha hecho con esos 4,5 millones de euros, porque parece que una parte sí la aportó al colectivo de 2001, pero lo demás no sabemos dónde está. Tenemos serias dudas, incluso desde el grupo parlamentario solicitamos en su momento documentación y no nos han respondido. Ante este despropósito, entendemos que el consejero tiene que dar explicaciones. Lo firmara quien lo firmara. Francisco Javier Guerrero era entonces director general de Empleo y lo hizo en función del cargo, y la Administración no puede mirar a otro lado cuando se ven afectados intereses de los trabajadores.