Proponemos medidas para paliar los efectos negativos de privatizar el Caminito del Rey

Izquierda Unida ha registrado esta mañana una iniciativa en Diputación para que se fije una rebaja del 50% sobre el precio fijado de la entrada al Caminito del Rey para todas las personas que acrediten que reside en la provincia de Málaga. 

Este grupo político, ha elaborado una iniciativa que intenta paliar los agravios que supone la decisión del Equipo de gobierno provincial “en connivencia con los ayuntamientos de Álora y Ardales” de privatizar este bien público. De esta manera, también se propone  reservar un cupo de entradas los fines de semana para todos los ayuntamientos de la Provincia, estableciendo un cupo de 250 entradas semanales, a repartir entre 5 municipios de la provincia, contando cada uno de ellos con 50 entradas.

El Caminito del Rey es una infraestructura turística que se ubica en un espacio natural protegido denominado Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, constituyendo un recurso de gran importancia medioambiental, cultural y turístico que está articulando el turismo de interior, dinamizando la economía de municipios como Álora, Ardales, el Valle de Abdalajís o Antequera.

La Diputación de Málaga asumió la financiación para la restauración de esta infraestructura durante años olvidada, cerrada al público por el deteriorado estado en el que se encontraba. Esta financiación consistió no sólo en restaurar el Caminito del Rey sino también sus accesos así como la carretera que une la barriada de El Chorro con la que comunica Ardales con el embalse Conde del Guadalhorce,  suponiendo una inversión para su puesta en funcionamiento de 5,5 millones de euros, inversión sufragada por los malagueños y malagueñas a través de esta Diputación.

La puesta en valor de El Caminito del Rey, como un bien de dominio público, necesita que se vigile el uso y disfrute de dicha infraestructura y de su entorno, tanto por los municipios afectados como por los visitantes y usuarios. Esta es la razón esgrimida para la creación de la Comisión de Seguimiento de la que forman parte la Diputación de Málaga, los Ayuntamientos de Ardales y Álora, como propietarios, y la dirección del Paraje Natural.

Durante su primer año de funcionamiento esta infraestructura turística ha sido gestionada directamente por la Diputación de Málaga, siendo gratuito su acceso, considerando que ello era la mejor estrategia para su promoción y difusión entre el público en general y el sector turístico en especial. “Este primer año no ha estado exento de polémica, ya que aunque las entradas se ofrecían de forma gratuita a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, los ayuntamientos implicados decidieron repartir entradas a distintos comercios de sus municipios y estos han estado ofreciéndolas a cambio de una consumición en su local, práctica que fue denunciada y que se suprimió”, recuerda la diputada de IU, Teresa Sánchez.

Después de esta primera fase, el Caminito del Rey ha demostrado ser una infraestructura turística de relevancia en la provincia que atrae tanto al turista nacional como extranjero, dinamizando la economía del interior de la provincia y alcanzando hoy por hoy una proyección internacional que se suma a la diversificación de la oferta turística de la provincia.

“Es ahora cuando esta Diputación en connivencia con los municipios de Álora y Ardales, en la comisión de seguimiento del Caminito, deciden poner en manos de empresas privadas la gestión de esta infraestructura turística tan relevante para la provincia y en especial para sus municipios del interior. Este es el eterno mantra de este país, con financiación pública creamos infraestructuras, las ponemos en funcionamiento, invertimos en su promoción y difusión y cuando todo está a punto, cedemos a empresas privadas la gestión y con ella los beneficios económicos que se podrían gestionar directamente desde esta administración pública”.

La diputada de Izquierda Unida añade que si sólo con la mitad de las visitas previstas y cobrando la entrada de diez euros, la empresa concesionaría ingresará 1,5 millones del euros, gracias “a una infraestructura pagada por todos y que tuvo una inversión de 5 millones de euros”.

Además de las peticiones antes señaladas, IU también quiere que se establezcan cláusulas para la contratación del personal que incluyan políticas de igualdad, aplicando la transversalidad en las contrataciones que la empresa concesionaria deba efectuar. Igualmente, en caso de que la empresa concesionaria cuente con una plantilla superior a 50 trabajadores, respete la obligación de contratación que establece la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido).

De igual manera, la moción del grupo provincial de IU plantea la elaboración de un Reglamento en el que se refleje claramente los requisitos y características, tanto de los agentes y establecimientos autorizados, como el método de acreditación para las  visitas de carácter docente, científico y cultural, y actividades protocolarias y de fomento de la actividad turística en Málaga.