Pequeño Comercio

IULV-CA INSTA AL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO A MOVILIZARSE CONTRAS LAS REFORMAS DEL PSOE A LA LEY DE COMERCIOGarcía entiende que se les deja indefensos ante las grandes superficies y que incidirá en el empleo y la degradación de centros históricosSEVILLA, 26 NOVIEMBRE 2005. - El diputado del Grupo Parlamentario IULV-CA, Ignacio García, ha valorado las modificaciones propuestas por el PSOE a la Ley de Comercio como “un ataque directo al pequeño y mediano comercio ya que se otorgan a los proyecto de grandes superficies aún más facilidades para su implantación sin que se puedan tener en cuenta las necesidades comerciales reales de los municipios”. Por ello, la coalición de izquierdas hará un llamamiento al pequeño y mediano comercio a movilizarse ante estas inminentes reformas “con las que el PSOE vuelve a mostrar que está maniatado por los intereses de los grandes empresarios”.Tal y como explica García, las modificaciones a la Ley de Comercio propuestas por el PSOE mediante una Proposición de Ley, supondrá que los planteamientos urbanísticos relativos a áreas comerciales no tengan por qué supeditarse al Plan de Comercio por lo que los informes relativos a este plan, que valorarán la conveniencia o no de los proyectos comerciales, no serán en ningún modo vinculantes.“Por este agujero legislativo pueden colarse propuestas de grandes superficies en zonas ya saturadas comercialmente creando una agresiva e innecesaria competencia en la que el pequeño y mediano comercio saldría seriamente perjudicado”, explica García.Esta negativa incidencia tendría, según entiende el diputado de IULV-CA, “graves repercusiones en el empleo, ya que a igual inversión, los pequeños comercios generan 5 veces más empleo que los grandes establecimientos” así como en la degradación de los centros históricos “porque aumentaría el ya progresivo vaciamiento de la actividad comercial en los cascos urbanos”.Respecto al resto de modificaciones planteadas por el PSOE mediante un Proyecto de Ley, García critica que se quiera anular el requisito sobre disponibilidad del terreno “que provocará movimiento especulativos”, así como el estudio de impacto comercial de los proyectos “por lo que no estudiará las repercusiones que tendrá en la zona”. También muestra su rechazo a que se pretenda eliminar la concreción precisa de los puestos de trabajo directos e indirectos y los tipos de contrato que generarán los proyectos al entender que con ello “la Junta muestra un desinterés total sobre los beneficios que supondrían en el mercado laboral”.