El 80% DE LAS VIVIENDAS, PROTEGIDAS

El diputado del grupo parlamentario IULV-CA, Ignacio García, ha pedido al gobierno andaluz que el Pacto de la Vivienda contemple al menos un 80 por ciento de la vivienda como protegida de modo que éstas puedan ir destinada a cubrir las necesidades del 80 por ciento de la población andaluza que gana menos de 16.500 euros al años, esto 2,5 veces menos que el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Para García, sólo si se contempla este porcentaje de viviendas protegidas el Pacto por la Vivienda podría llegar a ser una alternativa a los problemas que tiene miles de andaluces y andaluzas para acceder a una vivienda. “El tipo y número de viviendas que se acuerden en el Pacto debe ir de acuerdo con la realidad social existente y con la demanda real en nuestra Comunidad Autónoma, si no fuera así, entonces se estaría atendiendo más a intereses de inversionistas particulares que a los de la ciudadanía general”, detalla.

Por ello, rechaza planteamientos como los puestos sobre la mesa por la Patronal que apuesta por continuar con el excesivo peso en las planificaciones urbanísticas de la vivienda tasada (a un precio superior a la protegida) y la vivienda libre. El parlamentario considera que si se imponen estos criterios la vivienda continuará siendo un elemento de inversión y no una necesidad social que da cumplimiento a un derecho reconocido en la Constitución y en el nuevo Estatuto de Autonomía.

“No se entiende que a la vista de los análisis sobre las necesidades y los ingresos de las familias andaluzas, la Junta, como administración pública, se embarque en un proyecto que da prioridad a la vivienda libre”, apostilla. Además, considera “incomprensible” que en pleno siglo 21 un plan o pacto sobre la vivienda no contemple la puesta en el mercado de viviendas vacías y operaciones de rehabilitación, especialmente en los cascos antiguos. “No contemplar estas opciones supone no apostar por la sostenibilidad”, añade.

La coalición de izquierdas propone un Pacto por la Vivienda en el que se dé más peso a la vivienda protegida, se defina el tipo de vivienda protegida, se introduzcan las viviendas vacías así como las operaciones de rehabilitación. “En definitiva- detalla García -debe escucharse a la sociedad andaluza que demanda viviendas antes que a determinados empresarios ya que el pacto por la vivienda ha detener un objetivo social y no empresarial”.