Valoración del Proyecto de Decreto sobre Parques Naturales

1. Introducción: relajación de cautelas ambientales y falta de soluciones a la problemática de los Parques Naturales andaluces a partir del presente proyecto de Decreto.Los Parques Naturales andaluces, la riqueza natural y el potencial económico que, a partir de su aprovechamiento sostenible, han generado en el pasado y pueden continuar generando ahora y en el futuro, son el producto de siglos de interacción de sus habitantes con el territorio y los recursos que atesoran estos espacios privilegiados desde el punto de vista ambiental. En este sentido, es necesario partir de la base de que nuestros Parques Naturales son un producto antrópico, y responsabilidad y patrimonio de todos, pero en primer término de sus moradores.La aprobación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía supuso un punto de inflexión en cuanto a esa relación entre estos espacios y sus habitantes, al condicionar e ignorar de un modo relevante parte de sus modos de vida y de sus prácticas y percepción del entorno, y poner sus recursos al servicio prioritario de las poblaciones urbanas –como recurso de ocio- y de economías eminentemente externas con un carácter marcadamente mercantilista. Todo ello, junto con la inoperancia cuando no arbitrariedad de la administración ambiental a la hora de gestionar el régimen de autorizaciones establecido en la normativa al respecto, trajo como consecuencia la oposición de buena parte de la población de los Parques Naturales a la declaración y normativa de protección de los mismos.El Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen general para la planificación de los usos y actividades en los Parques Naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos, a parte de poder venir a propiciar una desregulación que entraña grandes riesgos para la protección de estos espacios, no viene a dar solución alguna a los problemas antes citados.Tal vez la mencionada desregulación venga a eliminar algunas trabas, en buena parte irracionales, que limitan y entorpecen el aprovechamiento de los recursos por los habitantes de los Parques Naturales, pero ello no debería –y así sucedería con casi toda probabilidad- ser excusa para relajar los necesarias limitaciones y controles sobre el uso de estos espacios por la población foránea que los utiliza como áreas de esparcimiento y ocio. Y lo que no debería relajarse en ningún caso, por la irreversibilidad y posible gravedad de sus impactos, es todo lo relativo a la autorización y control de los aspectos urbanísticos.Por otra parte, habría que evaluar la idoneidad de regular determinados aspectos para el conjunto de los Parques, teniendo en cuenta la gran diversidad y las muchas particularidades que los caracteriza y diferencia.2. Descripción de los contenidos del proyecto de Decreto.El Capítulo I del proyecto de Decreto, dedicado a las disposiciones generales y que comprende los dos primeros artículos (1.Objeto y finalidad y 2.Régimen de autorizaciones), queda resumido perfectamente en el siguiente párrafo de la exposición de motivos:“Así, mediante este decreto se establecen con carácter general las actividades en suelo no urbanizable que requieren autorización administrativa previa, ya sea en régimen ordinario o mediante un procedimiento de respuesta inmediata, basado en las nuevas tecnologías de comunicación y la informática. De igual manera, establece las actuaciones que tan solo requieren una comunicación previa para poder realizar la actividad pretendida. En relación con dichas actividades, el decreto establece una serie de normas para la unificación del régimen de usos que prevalecerán sobre las establecidas en los respectivos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión en caso de que las mismas difieran”.El Capítulo II establece el régimen de actividades que se contemplan en los Parques Naturales, así como las actuaciones que serán sometidas a autorización, las sujetas a comunicación previa y otras cuestiones relacionadas. Son siete las actividades:-    Sección 1ª. Actividades Agrarias. Artículos 3 y 4.-    Sección 2ª. Actividades de pesca marítima, marisqueo y acuicultura marina. Artículo 5.-    Sección 3ª.Actividades de uso público y turismo en el medio rural y turismo activo. Artículos del 6 al 9.-    Sección 4ª. Investigación. Artículos 10 y 11.-    Sección 5ª. Infraestructuras e instalaciones. Artículos 12 y 13.-    Sección 6ª. Edificaciones. Artículos del 14 al 21.-    Sección 7ª. Otras actividades. Artículo 22.El Capítulo III establece los procedimientos administrativos para las solicitudes y actuaciones (artículos del 23 al 31). Concluye el decreto con una disposición adicional para las actuaciones en los Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada; la disposición derogatoria de articulado de Planes de Ordenación de los parques de Sierra María-Los Vélez, Frente Litoral Algeciras-Tarifa, Sierra Mágina, Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Montes de Málaga. Por último aparecen 12 disposiciones finales modificando los decretos sobre organización de acampadas y campamentos juveniles y Reglamento Forestal de Andalucía, además de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales andaluces.3. Crisis y trabas administrativas como burdas excusas para la desregulación.Partiendo de la lectura del Capítulo II se puede alcanzar una valoración suficiente sobre hasta qué punto este proyecto de Decreto, de aprobarse,  supondría una desregulación, un abrir la mano, a actividades con una doble excusa: como medida contra la crisis y como solución a las trabas, en muchos casos difíciles de entender, para realizar determinadas actuaciones. Lo obvio es que muchas actuaciones que hasta ahora requerían de una autorización ahora, tras la aprobación de la norma,  se podrían realizar con una mera comunicación previa, y eso ya comporta una relajación del control y regulación en los parques. Se puede aceptar que existe ese esfuerzo por eliminar esas trabas que en muchos casos limitan y entorpecen el aprovechamiento de los recursos e incluso la vida cotidiana de los que viven y trabajan en estos entornos. A esta realidad pueden responder las secciones 1ª, 2ª, 5ª y los artículos 14 y 15 de la sección 6ª, dotando de racionalidad a las actuaciones que podemos denominar como cotidianas o necesarias para la población rural y vinculada por explotaciones y actividades económicas a los parques. En cualquier caso, se limita sólo a eso y no se apunta a ninguna medida  que implique el impulso a la actividad agrícola o ganadera sostenible, o a un aprovechamiento más integral de los recursos endógenos. Por otro lado es seguro que los listados de actuaciones enumerados y condiciones o requisitos expuestos podrían ser aumentados, mejorados o más cosas pero no es cuestión en este momento entrar en ello.4. La relajación de control en relación a a las actividades de uso público y turismo en el medio rural y turismo activo.La verdadera apuesta del proyecto de Decreto es en relación a las actividades de uso público y turismo en el medio rural y turismo activo, que encontramos en la sección 3ª y en los artículos 20, 25 y, indirectamente, en el 27. De todas las actividades sometidas a autorización de la sección 3ª encontramos que las contenidas en el punto 1 a) y 1 c) (hasta 33 actividades recreativas y deportivas) encuentran una excepcionalidad para no tener que solicitar autorización en el artículo 8, por no hablar de la exención a las romerías, fiestas populares, eventos deportivos y otras concentraciones con más de diez años de antigüedad, que tan sólo se verán obligadas a comunicar el evento quince días antes de la realización del mismo. Esta sección, la 3ª, es la única que además de contener las actividades sujetas a autorización previa y las sujetas a comunicación previa, incluye actividades de libre realización.A parte de incidir en las actividades recreativas y deportivas hay que llamar la atención sobre la implantación de edificios turísticos. La Consejería de Turismo lleva adelante, en el marco de la planificación y ordenación turística, la potenciación de establecimientos hoteleros “singulares” como oferta de calidad en turismo rural, mediante la rehabilitación y reforma de edificaciones preexistentes como cortijos, palacios, molinos, etc. En este sentido los entornos que ofrecen los Parques Naturales de Andalucía son un destino deseado por la industria turística y el Gobierno andaluz está decidido a impulsarlos. El artículo 20 reconoce que los edificios de usos turísticos no residenciales deberán, “en general”, realizarse en suelo urbano y urbanizable de los núcleos urbanos y núcleos menores de los Parques Naturales, para acto seguido incentivar este tipo de proyectos que autorizan un incremento de la superficie construida en un 35% y las construcciones auxiliares en pos de la ampliación de la oferta del establecimiento.La implantación de nuevos edificios de usos turísticos no residenciales y de usos industriales o terciarios vinculados a la primera transformación o la comercialización de los productos agrarios o análogos se amparan en actuaciones que sean declaradas de interés público por parte del Consejo de Gobierno, figura que se traduce, en no pocas ocasiones, en discrecionalidad a la hora de sacar adelante proyectos de dudosa sostenibilidad. Hay que recordar que este tipo de medidas fueron reclamadas por un ayuntamiento socialista de solera en la sierra de Cádiz por sus dificultades para promover un hotel en parque natural que podría incluir un pequeño campo de golf de prácticas.Nuevamente encontramos una excepcionalidad en el tratamiento que se le otorga al turismo. El artículo 25 determina los aspectos referentes a la resolución de los procedimientos. Pues bien, se establece que las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en el plazo máximo de dos años y estar finalizadas en el plazo máximo de cinco años, exceptuando las reguladas en la Sección 3ª del Capítulo II.Por último plantear que el artículo 27 supone una descomunal aberración. No hace otra cosa que permutar la obligatoriedad de emitir la autorización ambiental unificada (AAU), recogida en la ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por la autorización prevista en el proyecto de Decreto para aquellos proyectos con posible afección a la Red Ecológica Europea Natura 2000. Se establece un burdo procedimiento para todos aquellos proyectos sujetos a la GICA, de manera que los interesados se pueden dirigir a la Delegación Provincial de turno para solicitar, en lugar de someterse  a la obtención de la AAU, poner en marcha el proyecto en base a los menores controles establecidos en el presente proyecto de Decreto. Desde ese momento el proyecto tiene muchas posibilidades no sólo de hacerlo a través de la autorización prevista en la norma que estamos analizando, sino de iniciarlo sin ningún tipo de problemas si la administración no emite respuesta en el plazo de dos meses.5. Conclusiones.Con todo lo anterior, el presente proyecto de Decreto podría calificarse de prematuro y escasamente si no nada participativo, por lo que en ningún caso debería procederse a su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a riesgo de que, en lugar de venir a dar solución a los problemas de que adolecen nuestros Parques Naturales, venga a ahondarlos y a propiciar la extensión de otros aún con poca relevancia o totalmente ajenos a estos espacios.Las verdaderas soluciones, así como el impulso a un verdadero desarrollo sostenible en nuestros Parques Naturales, sólo pueden venir de la mano de una verdadera descentralización en la gestión de los Parques Naturales que la ubiquen sobre sus territorios, así como de un amplio diálogo de las administraciones con los moradores de estos espacios para escuchar y tener en cuenta su opinión y dilatada experiencia en su aprovechamiento sostenible, y devolverles el protagonismo que paulatinamente han ido perdiendo al servicio del mercantilismo y las necesidades de ocio y esparcimiento de los habitantes de las áreas urbanas.Por lo tanto, mostramos nuestra oposición a la aprobación del Decreto y solicitamos que se abra un proceso participativo en todos los Parques Naturales para la elaboración de una futura norma al respecto y que su para su tramitación definitiva se utilice la figura del Proyecto de Ley. 

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