Hay que acabar con medidas que agrava la situación de las familias, vende los servicios públicos y arrebata autonomía y derechos

Cargos públicos, dirigentes y militantes de Izquierda Unida en la provincia se han concentrado durante hora y media ante las puertas del edificio de Hacienda donde han informado a los usurarios de las últimas medidas del Gobierno que están afectando seriamente  a las familias y los trabajadores.

 Este acto cierra las movilizaciones que Izquierda Unida ha venido desarrollando en la provincia y que continuará tanto en la calle como en las instituciones, según ha anunciado el coordinador provincial, José Antonio Castro, a los medios de comunicación.

 El dirigente político asegura que el decreto aprobado recientemente impone nuevos sacrificios a la población no soluciona,  ni mejora la situación, sino que más bien empeora más la crisis y genera  más deuda en las administraciones. “Esta situación va a llevar a que el PP consiga lo que verdaderamente busca con sus medidas que es acabar con servicios públicos  como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales para trasladar el negocio al sector privado”.

 Castro ha aludido al debate del Parlamento que tuvo lugar ayer donde no sólo se puso de manifiesto el perjuicio que para los andaluces tienen las medidas del gobierno, sino también medidas concretas para afrontar la crisis “poniéndose al lado de los trabajadores y las familias y no junto a los banqueros alemanes”.

 Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, ha anunciado que la coalición acaba de solicitar la comparecencia de los ministros De guindos y Montoro ante la Comisión Permanente para que expliquen “la situación real  y vergonzante que sufre España después de la mini crisis que han hecho por Europa”.

 Centella también pidió un rechazo claro a los últimos decretos “que dan respuesta a una intervención por la puerta falsa  y se rompa el Estado de las Autonomías  por la vía de retirar la capacidad económica a éstas”.

 El diputado de IU recuerda que el Estatuto de Andalucía es una ley que vincula al Gobierno central y reclamó los 2100 millones que le Estado debe aportar a Andalucía y con los que se podría hacer frente a las necesidades”.

 Los dirigentes de IU hicieron un llamamiento a la ciudadanía para rebelarse.