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Hoja de ruta para “hacer hegemonía en la izquierda” y “frenar las políticas del PP y de la troika”

El Consejo Político marca como objetivos organizar una gran movilización social el próximo 28-F, para “tejer un Acuerdo Económico y Social con la mayoría social”, que priorice las políticas de empleo, defienda a los servicios públicos frente a las privatizaciones y defienda el Estatuto de Autonomía.

 

El informe, que valora con “satisfacción moderada” el desarrollo del acuerdo de gobierno, llama a “salvar Doñana” y a “dar un impulso urgente” a iniciativas como el Plan de Acción Social, el Banco de Tierras y la Red de Solidaridad Alimentaria.

 

La XIX Asamblea andaluza que se celebrará los días 15, 16 y 17 de junio se concibe como “un debate abierto y de abajo-arriba” que sirva “para avanzar  en un proceso de convergencia sobre la base de la cohesión política, la unidad de acción interna  y el fortalecimiento organizativo”.

 

(Sevilla, 1 de febrero de 2013) Izquierda Unida Andalucía ha celebrado en la tarde de hoy la reunión de su Consejo Político en el que se ha aprobado el informe político presentado por el coordinador Diego Valderas, en el que se abordan varias cuestiones, destacando la apertura del proceso de la XIX Asamblea, la valoración de los meses transcurridos desde la entrada al Gobierno de la Junta y el establecimiento de las principales líneas para “ser referentes en la movilización y en la acción de gobierno frente a las política suicidas de la troika y el PP”. El informe señala “la enorme responsabilidad” del PP y del PSOE por la modificación del artículo 135 de la Constitución: “La sociedad española sabe quien estuvo del lado de los poderosos y quien estuvo en la calle junto a ella”.

 

 

Moderada satisfacción con lo avanzado, calendario de leyes e iniciativas urgentes 

 

El informe, aprobado por una amplísima mayoría señala la destrucción de empleo y al empobrecimiento de la mayoría social como los principales problemas causados por el “agravamiento de la crisis” y denunciando que esto sucede con “mayor gravedad” en Andalucía. Frente a “la agudización de las tensiones territoriales”, plantea la necesidad de desarrollar una posición sobre el modelo de estado federal  que sirva para  “defender el papel de Andalucía en la articulación de un nuevo modelo territorial de carácter federal y solidario”, y frente al “descrédito de la política”, causado por la corrupción de los partidos e instituciones como el caso Bárcenas, Gurtel, Palau o Noos, llama a la “regeneración democrática” y plantea la necesidad de la reforma electoral y fiscal y la elaboración de la ley de transparencia.

 

Acerca de la situación andaluza el informe sitúa la “certidumbre política” para desarrollar el Acuerdo por Andalucía y el desarrollo de “una agenda andaluza propia y una política participativa”, y la “certidumbre presupuestaria” salvo que “decisiones ajenas condicionen la acción de gobierno desde la Junta”. En este sentido avanza el calendario de elaboración de leyes como la de participación, memoria democrática, contra el fraude fiscal, sobre el banco de tierras y de semillas y otras acciones como el contrato-programa de la RTVA, la defensa del municipalismo o las iniciativas parlamentarias contra los desahucios, por la renta básica, la banca pública y en defensa de Doñana y de los promotores de empleo.

 

En ese marco valora la acción política e institucional destacando una serie de medidas impulsadas “más allá del acuerdo de gobierno”, realizando una autocrítica “por no haber generado el suficiente apoyo social a algunas acciones de gobierno” y marcando un calendario de leyes e iniciativas que buscan articular “una política de resistencia y avance, de batalla directa frente a las agresiones del PP”. Además reivindica que “IU no se encorseta en su participación en el gobierno” junto al PSOE, al que se achaca “debilidad”, destacando el “diferencial ético” y la “coherencia” de IU, y su voluntad de “utilidad y servicios a las capas trabajadoras fuera y dentro del Gobierno”.